Historia General del Pueblo Dominicana Tomo IV

Los renglones campesinos y semicapitalistas (c1870-1930) 46 KXpUIDQRV GH VXV EHQHÀFLRV $GHPiV HO IHUURFDUULO HUD LQFDSD] GH DWHQGHU HO problema medular de los centenares de comunidades, villorrios y caseríos rurales que dependían de rudimentarios caminos de tierra, muchos de los cuales quedaban inhabilitados periódicamente debido a las lluvias, los desla- YHV R ODV FUHFLGDV GH ORV UtRV R HUDQ DUURSDGRV X REVWUXLGRV SRU OD H[XEHUDQWH vegetación tropical. Tal situación perjudicaba directamente a los productores rurales, quienes con frecuencia perdían sus cosechas debido a la imposibili- dad de transportarlas a los poblados o a los almacenes de los comerciantes localizados en las áreas rurales. Igualmente, reducía el suministro de víveres a los mercados urbanos. Así que tanto los campesinos como los comerciantes y los citadinos en general aspiraban a que mejorara el transporte interno. Todavía en las primeras décadas del siglo XX , gran parte de los produc- tos agrícolas eran transportados a los mercados a lomo de mula, por lo que era crucial que los caminos estuvieran en condiciones de permitir el paso GH ODV EHVWLDV GH FDUJD 3DUD ORJUDUOR GHVGH ÀQHV GH OD FHQWXULD DQWHULRU VH impulsaron diversas medidas con el objetivo de usar la fuerza laboral de los habitantes del campo para construir y reparar los caminos. Dichas medidas desembocaron en la Ley de caminos de 1907, la cual estipulaba que todo hom- bre entre los 18 y los 60 años debía efectuar «prestaciones personales», un día SRU WULPHVWUH FRQ HO ÀQ GH WUDEDMDU HQ ORV FDPLQRV \ ODV FDUUHWHUDV GHO SDtV 3DUD H[LPLUVH GH HVD REOLJDFLyQ KDEtD TXH SDJDU FHQWDYRV SRU FDGD GtD de trabajo, es decir, un peso anual. Aunque desde su aprobación la ley en- frentó diversos obstáculos —incluso la debilidad de los organismos estatales para imponer el trabajo obligatorio—, su implementación mejoró durante la ocupación estadounidense de 1916-1924. En esos años, el régimen interventor asumió una postura enérgica ante el mundo rural, perceptible en sus políticas económicas, políticas y sociales. Entre otras cosas, se propuso desarmar a la población y desmantelar las resistencias armadas a la intervención, espe- FLDOPHQWH ODV GH RULJHQ UXUDO (Q OR TXH D OD HFRQRPtD VH UHÀHUH VH ODQ]y D reestructurar el régimen de propiedad de la tierra y a imponer resueltamente el «trabajo prestatario». 58 Las élites locales acogieron con beneplácito los designios de los ocupan- tes de hacer cumplir la Ley de caminos . Incluso fueron enfáticas en que el «tra- bajo prestatario» debía recaer sobre el campesinado; a los sectores urbanos VH OHV GHEtD H[LJLU PiV ELHQ HO SDJR PRQHWDULR &RPR HUD GH HVSHUDUVH HQ HO campo se generó una resistencia espontánea al «trabajo prestatario». 59 Aparte de la obligatoriedad del trabajo, la implementación de la ley se prestó a nu- merosos y diversos abusos y atropellos. Hubo campesinos que se quejaron de que habían sido obligados a registrarse como prestatarios en dos comunes